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Por: Carlos Cafure *
Uno de los principales problemas estructurales que existen en el mundo laboral argentino es el trabajo no registrado.
Hoy, millones de personas se encuentran fuera del sistema, no cuentan con obra social, aportes jubilatorios, ni derecho a vacaciones y, en definitiva, se ven privadas de los derechos garantizados por nuestra propia Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Por ello, se necesitan respuestas urgentes por parte de un Estado que no viene haciendo mucho al respecto.
Es muy importante que desde el Ministerio de Trabajo de la Nación (y todas sus sedes en cada provincia), sumado a las carteras laborales provinciales, con el apoyo de todas las organizaciones gremiales de nuestra nación, se articule un ambicioso proyecto de regularización laboral de millones de compatriotas.
Iniciar este proceso sería un hecho histórico, teniendo en cuenta que hasta la actualidad no ha existido Gobierno nacional que se avoque a devolverle la dignidad a quienes se encuentran en esta situación inaceptable.
Un Gobierno que dice ser peronista tendría a este tema entre los más importantes de su agenda para hacer justicia social. Estoy convencido de que los sindicatos colaborarían desde su lugar codo a codo con las autoridades de la cartera de trabajo.
El ingreso de esa enorme masa de trabajadoras y trabajadores dentro del sistema importaría, entre otras cosas, un enorme ingreso de fondos al sistema jubilatorio nacional, tal como sucede en algunas provincias que aún cuentan con cajas jubilatorias propias.
¿Se podrían entonces mejorar así los haberes jubilatorios que perciben por ejemplo las jubiladas y jubilados de la mínima nacional? Seguramente sí.
Otra medida a impulsar desde los tres poderes del Estado es suspender por varios años nuevas pasantías, nuevos contratos por tiempo determinado, nuevas becas y otras figuras que vienen sustituyendo el trabajo efectivo (de trabajadoras y trabajadores de planta permanente) y flexibilizando, desfinanciando de manera directa o indirecta los sistemas jubilatorios nacional y provinciales.
Es vital que Argentina ordene su propio mercado laboral intensificando las inspecciones del Ministerio de Trabajo para detectar trabajo no registrado. Se deben aplicar todas las sanciones legales que establece nuestro sistema normativo laboral a quienes tienen a sus dependientes en situaciones de falta de registro.
Tenemos recursos naturales, recursos humanos y capacidad para crear nuevas fuentes de trabajo digno y registrado. Con todo ello, el Estado posee las herramientas para reconvertir todos los planes sociales en trabajo genuino y registrado.
¿Hay voluntad política de hacerlo? Espero que nuestra clase gobernante escuche y tome estas iniciativas que surgen desde las necesidades del Pueblo.
* Abogado laboralista, coordinador de la Intersindical Argentina
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