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Las centrales advirtieron que un sector de la Justicia intenta proscribir a la vicepresidenta.
Foto: CTA de los Trabajadores
La CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma denunciaron un intento de proscripción contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara 12 años de condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco del juicio oral por la causa Vialidad.
"Un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita", señaló la CGT en un comunicado firmado por su consejo directivo.
Desde la central que encabezan Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña advirtieron que los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular "no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento".
"No hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner con el direccionamiento amañado de la obra pública ni con ningún otro delito", destacaron.
Y agregaron: "El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el Peronismo. Esperamos que se haga justicia y los jueces desestimen la antojadiza acusación".
Foto: CGT
Por su parte, la CTA de los Trabajadores denunció una "conjura de los fiscales para proscribir a Cristina", adelantando que "no dudará un instante en volcarse a las calles para acompañar a la vicepresidenta".
"No hay una sola prueba que les permita sostener esta ‘patraña de fraude contra el Estado’ perpetrado por una pretendida ‘asociación ilícita’ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como (el expresidente) Néstor (Kirchner), (exministro) Julio De Vido y otros habrían integrado para ‘sustraer fondos del Estado en beneficio particular'", plantearon.
Y manifestaron: "Esta conjura antidemocrática de la fiscalía en la causa conocida como ‘Obra pública’ se mantiene con fiereza porque es la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico".
"No estamos en disposición de tolerar ningún golpe a la voluntad popular", remarcó la central que encabeza Hugo Yasky.
Foto: CTA de los Trabajadores
La CTA Autónoma también repudió el accionar de la Justicia y calificó el alegato de los fiscales como un "show mediático".
"Se trata de un hecho sin precedentes y de una inusitada gravedad institucional que no es otra cosa que el último capítulo de la guerra jurídica en la Argentina", señalaron desde la central en un comunicado.
"La farsa está clara: es notoria la falta de pruebas para sostener la acusación; es forzada e insostenible la manera de vincular a la vicepresidenta con hechos que no la tuvieron ni siquiera como protagonista secundaria; es insólito sostener que el funcionamiento habitual de los órganos constitucionales se convierta en una asociación ilícita", subrayaron.
Y destacaron: "Lo real es intentar por vía de esta puesta en escena judicial una proscripción política que retrotrae a la Argentina a épocas que creíamos superadas como lo ocurrió durante la autodenominada Revolución Libertadora y las consecuentes exclusiones durante décadas de un vasto sector político".
Foto: CTA Autónoma
"Hasta que no se resuelva una reforma democrática profunda del Poder Judicial no habrá verdadera democracia en nuestro país ni posibilidad alguna de un modelo social, económico y político en favor de las grandes mayorías populares", enfatizaron desde la central que lidera Hugo Godoy.
Por último, demandaron que "se imponga la verdad y el intento de proscripción no prospere".
"Que sea el pueblo y únicamente el Pueblo el que decida quiénes y cómo se gobierna en la Argentina a través del voto popular", finalizaron.
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