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Desde el sindicato advirtieron que la provincia atraviesa el peor momento sanitario para efectuar la reapertura, debido a la creciente suba de contagios de Covid-19.
Foto: AGEPJ
La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) se declaró en estado de alerta ante la reapertura de unidades judiciales en la provincia de Córdoba.
Desde el sindicato afirmaron que la provincia atraviesa "el peor momento sanitario" para adoptar tal medida debido a la creciente suba de contagios de Covid-19. Además, aseguraron que "no se ha previsto una cobertura de personal suficiente", motivo por el que responsabilizó al Ministerio Público Fiscal (MPF) por "cualquier consecuencia para la salud tanto de empleados y empleadas como la ciudadanía que concurra a esos centros judiciales".
"Las y los sumariantes nos desempeñamos en forma presencial desde el primer día de esta pandemia, con el riesgo que eso significa, reclamando constantemente por las condiciones en las que tuvimos y tenemos que trabajar, no sólo sanitarias sino también por la constante presión y estrés que conlleva la tarea. Esta decisión es un atropello más de la patronal, que carga sobre la espalda de las trabajadoras y trabajadores del sector la responsabilidad de prestar un deficiente servicio de justicia", enfatizó la dirigenta Romina Martínez.
Foto: AGEPJ
AGEPJ denunció que varias unidades judiciales no cuentan actualmente con el personal suficiente para un funcionamiento óptimo, según los parámetros establecidos por el mismo Ministerio Publico Fiscal. "Ante el mínimo incumplimiento de protocolos de bioseguridad, falta de insumos o deficientes condiciones edilicias AGEPJ dispondrá retención de tareas para preservar la salud de las compañeras y compañeros", alertaron desde el gremio.
"Abren tres nuevas unidades judiciales más, como si no estuviéramos inmersos en la segunda ola de Covid-19 y van a tener que cerrar otras completas cuando haya un brote porque el personal es totalmente insuficiente y se ha abandonado la rotación como medio para compartimentar al personal y evitar la propagación del contagio", amplió el secretario general de AGEPJ, Federico Cortelletti.
Por su parte, el secretario adjunto, Adrián Valan, manifestó: "Lo que están haciendo es una mala decisión desde el punto de vista sanitario porque pone en riesgo la salud de las compañeras, compañeros y población en general, pero también es una mala decisión de administración de justicia porque para abrir nuevas sacan personal de las que están funcionando por lo que no mejorará o agilizará la atención de justicia. Hacemos responsables al Ministerio Público Fiscal por las consecuencias en la salud que pueda haber en cada una o uno de los sumariantes".
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