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La iniciativa fue elaborada por el diputado del Frente de Todos, Eduardo Fernández, y el abogado laboralista, Carlos Cafure. Cuenta con adhesiones de distintas organizaciones sindicales del país.
Días atrás se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que apunta a la prevenir, sancionar y erradicar la violencia laboral en los ámbitos de trabajo.
La iniciativa fue elaborada por el diputado del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, y el abogado laboralista, Carlos Cafure; y ya cuenta con la adhesión de distintas organizaciones del país.
En su articulado, el proyecto contempla a la violencia laboral como "todo comportamiento, práctica o amenaza de ello, de carácter único o repetido, en el ámbito laboral o respecto a él, que causare o sea susceptible de causar directa o indirectamente daño físico, psicológico y/o psíquico, sexual o económico a un trabajador o trabajadora en el ejercicio de la prestación laboral o respecto a ella".
Por otra parte, el proyecto establece cinco tipos de violencia dentro del ámbito del trabajo -física, psicológica, sexual, de género y económica- y obliga al sector empleador a sostener un ámbito laboral libre de violencia, sancionar conductas violentas, garantizar la paridad salarial y notificar cualquier caso ante la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a través la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral o el organismo que para ello determine.
Asimismo, la iniciativa presentada el pasado 19 de agosto sostiene que quien genere violencia en el ámbito de trabajo será responsable personalmente de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador o trabajadora víctima de violencia, al sector empleador o a terceros, en los términos previstos en el Código Civil y Comercial de la Nación y toda otra legislación vigente.
También establece que las y los empleadores y jerárquicos a cargo del área y al tanto de la situación de violencia laboral serán responsables solidarios cuando mediare denuncia fehaciente, salvo que acreditaren haber dispuesto acción inmediata y apropiada para la erradicación y reversión de la situación de violencia.
Según propone la iniciativa, serán obligaciones de la autoridad de aplicación proteger a las y los denunciantes y testigos, realizar las notificaciones correspondientes, instruir a las partes a adoptar medidas para que cese la violencia, dar seguimiento a cada caso, reglamentar sanciones, entre otras.
El proyecto cuenta con el aval de las y los diputados de Frente de Todos, Pablo Carro (Córdoba), Fernanda Vallejos (Buenos Aires), Sergio Casas (La Rioja), Germán Martínez (Santa Fe) y Lucas Godoy (Salta).
También adhirieron al mismo SADOP Córdoba (docencia privada), Sindicato Químico de San Pedro, SIRELYF (Regional de Luz y Fuerza), ASSIM Chubut (motociclistas), Federación Gráfica Bonaerense, FUTEN (estatales nacionales), SUCERA (choferes), SIPETACO (peones de taxi), SUEIPA (pirotecnia y afines), SATIF (fideeros), FEDUN (docencia universitaria), Luz y Fuerza de La Pampa, SINTESYPE, entre otras organizaciones gremiales.
La iniciativa:
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