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AGEPJ y UPS reclaman que la crisis sanitaria sea cubierta con el aporte de funcionarias y funcionarios políticos.
Foto: AGEPJ
Luego de que el Gobierno de Córdoba anunciara un recorte salarial en los haberes de las y los trabajadores provinciales que perciben mayores remuneraciones, distintos sectores salieron a repudiar la medida.
Uno de ellos fue el de las y los trabajadores judiciales nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), quienes catalogaron el ajuste como "inadmisible".
Si bien los empleados y empleadas de la Justicia de Córdoba aseguran comprender la emergencia sanitaria ordenada para contener la pandemia de Covid-19, paralelamente explicaron que sus ingresos ya se encuentran diezmados por los incumplimientos salariales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
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"Es inadmisible cargar sobre las trabajadoras y trabajadores el peso de esta crisis sanitaria con un recorte salarial cuando ya venimos soportando un atraso salarial frente a la inflación de los años anteriores. Es más, sumado al atraso salarial, a las y los judiciales se nos debe salario desde fin del año 2019 y en lo que va del 2020 ello no ha sido cumplido", indicaron.
Y añadieron: "No se nos ha abonado aún el 10% de aumento al básico establecido a partir de diciembre con los correspondientes retroactivos. Tampoco han sido pagados los retroactivos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y proporcional de aguinaldo por el aumento del 10 % de noviembre que recién comenzó a percibirse en febrero de 2020. Todo ello configura una deuda con cada empleada y empleado judicial de más de medio sueldo".
Cabe señalar que las y los judiciales se encuentran prestando servicio pese al aislamiento obligatorio, cumpliendo funciones en unidades judiciales, Policía Judicial, medicina, equipos técnicos y tribunales de turno.
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Otro de los sectores que salió al cruce de la resolución provincial (la cual excluye al personal de Salud, Seguridad y servicios vinculados a la atención de la pandemia), fue el de las y los jerárquicos representados por la Unión de Personal Superior de la Administración Pública Provincial (UPS).
Al respecto, el secretario general del gremio, Domingo Ovando, manifestó que "comprende" la situación económica desatada en el marco de la crisis sanitaria, aunque instó al Gobierno provincial a cumplir la paritaria recientemente firmada.
Foto: Prensa Gobierno de Córdoba
"No tengo dudas de que se trata de una decisión política que no resolverá ninguno de los problemas que pueda tener la provincia por la baja de la recaudación. En nuestro caso, son alrededor de 1.400 afiliados que podrían sufrir este recorte. Haremos todo lo que está a nuestro alcance para que esto no suceda", adelantó Ovando en declaraciones divulgadas por La Voz.
"No vamos a avalar ningún recorte de empleados de carrera. Si el Gobierno provincial quiere tomar una medida política para salir en los medios nacionales, que lo haga en la planta política, pero no a nuestros a agentes que ganaron sus cargos en concursos", cuestionó el titular de UPS.
Si bien aún no existen precisiones en relación a los alcances concretos del ajuste salarial decretado para afrontar la crisis sanitaria, la baja rondará el 30% entre quienes perciben mayores remuneraciones.
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