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El presidente Alberto Fernández declaró la emergencia en materia ocupacional ante el pronunciado crecimiento del desempleo.
Foto: Télam
El pasado viernes, el nuevo Gobierno nacional sancionó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció la emergencia pública en materia ocupacional por el plazo de 180 días.
La medida instituye el pago de una doble indemnización a aquellos trabajadores y trabajadoras que sean despedidos sin justa causa, mientras dure la emergencia. Asimismo, el DNU establece que a los fines de facilitar la generación de nuevas fuentes de trabajo, la doble indemnización no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a su entrada en vigencia.
Con el objetivo de impulsar acciones que detengan el agravamiento de la crisis laboral, mientras se trabaja en la búsqueda de acuerdos básicos entre todos los sectores para salir de la crisis, el decreto toma como fundamento las alarmantes cifras de desocupación registradas desde 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri vetó el proyecto de ley número 27.251 aprobado por el Congreso de la Nación para prohibir los despidos sin causa.
Desde aquel año se perdieron 111 mil puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado, habida cuenta de que en mayo de 2016 existían 6.178.000 trabajadores y trabajadoras, y tres años después, en septiembre de 2019, la cifra disminuyó a 6.067.000.
Además, los fundamentos del DNU ponen el acento en la crisis registrada durante este año, donde el empleo asalariado registrado privado mostró un marcado descenso que indica que 139 mil trabajadores y trabajadoras quedaron fuera del mercado laboral (septiembre 2018 frente a septiembre 2019).
Por último se toman datos del segundo trimestre de 2019, período en que la tasa de desempleo se incrementó hasta el 10,6%, es decir un punto porcentual superior a los registros de año atrás con tasas que en el caso de jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres.
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