Sindicatos pidieron que se declare inconstitucional el ajuste previsional

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La acción declarativa fue presentada por municipales de Córdoba y San Francisco, lucifuercistas, jerárquicos, músicos, entre otros.

Foto: SUOEM

Organizaciones gremiales de Córdoba presentaron una acción declarativa solicitando la inconstitucionalidad de la reforma previsional -Ley 10.694- que recorta los haberes de las y los jubilados y pensionados de Córdoba.

El pedido fue elevado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el SUOEM Córdoba, Luz y Fuerza Córdoba, UPS, Sindicato de Músicos, Centro de Jubilados y Pensionados del Banco de la Provincia de Córdoba, SUOEM San Francisco, SIRELYF y Luz y Fuerza Río cuarto, bajo la representación de los abogados Horacio Gentile, Félix López Amaya y Guillermo José Carena.

Según informaron los gremios, el objetivo de la acción es que se declare la inconstitucionalidad de la ley y su inaplicabilidad, además de que no se produzcan recortes sobre los haberes y aguinaldo a partir de mes de junio de 2020. Por dicha razón, los letrados plantearon una cautelar, como medida de no innovar, hasta tanto se resuelva definitivamente la acción.

El pedido argumenta que a través de la norma se quita el carácter remunerativo a diversos rubros salariales como el refrigerio y demás bonificaciones y adicionales que integran el salario conformado de las y los trabajadores municipales activos, afectando las jubilaciones y pensiones actuales y futuras. "Los rubros actuales y los aumentos que se produzcan en el refrigerio y demás asignaciones no serán trasladados a los jubilados. La conversión de las sumas no remunerativas significa un actual daño y una nueva amenaza de otra detracción", sostiene la presentación.

Asimismo, la acción plantea que la Ley 10.694 perfora el llamado "núcleo básico" creado por la Justicia de Córdoba, que fija un piso del 82% del salario de bolsillo como base de cálculo para los haberes.

"Por artículo 29, la Ley 10.694 establece que los beneficios ya otorgados sufrirán una nueva reducción, sumada a la ya aplicada por la ley  10.333, que dispuso una reducción del 11%; más la del 10% de los haberes equiparados al gobernador, y por la nueva base del cálculo que se hará sobre los haberes que son considerados sólo remunerativos", expresa el pedido.

Y agrega: "Por el artículo 32 se posponen los reajustes y aumentos de la movilidad de las jubilaciones, al mes subsiguiente, esto a los 60 días, con la consiguiente pérdida de esta diferencia de haber en tiempos de alta inflación y aumentos de precios".

Por último, la acción cuestiona el artículo 35 que establece un aporte solidario del 20% para aquellos beneficiarios y beneficiarias que tengan otro ingreso, y la resultante supere los seis haberes mínimos. "Se considera como un nuevo impuesto que recae sobre los jubilados y pensionados, resultando ilegal, arbitrario, confiscatorio, y se realiza una odiosa discriminación porque se está estableciendo una verdadera carga tributaria sobre el colectivo de los jubilados y pensionados que es especialmente vulnerable", sostuvieron los letrados.




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