La CGT repudió el espionaje ilegal durante el macrismo y respaldó el proceso judicial

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El consejo directivo obrero se solidarizó con quienes padecieron estas prácticas a las que definió como "violatorias del más elemental derecho a la privacidad de las personas".



La CGT repudió "las prácticas de supuestos espionajes ilegales realizados durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, de las que fueron víctimas dirigentes políticos, sindicales, periodistas, académicos y referentes sociales", y se solidarizó con quienes las padecieron porque "son violatorias del más elemental derecho a la privacidad de las personas", sostuvo el consejo directivo obrero.

El dirigente del gremio del Seguro, Jorge Sola, aseguró que esas prácticas también vulneran las garantías constitucionales y atentan contra la democracia y el Estado de derecho, y destacó "el valor" de la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

"La CGT valora la denuncia realizada por las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se corresponde con la transparencia y el rol que el organismo debe cumplir en el ejercicio de sus facultades, ajustadas a derecho y a la garantía de los valores democráticos", señaló el documento de prensa de la central obrera que colideran Héctor Daer y Carlos Acuña.

La confederación también respaldó al juez federal Federico Villena, a cargo de la megacausa por el presunto espionaje ilegal, durante el gobierno de Mauricio Macri, que tiene entre sus víctimas a los dirigentes gremiales Hugo y Pablo Moyano, y dijo que "confía" que impulsará las investigaciones para determinar las responsabilidades de todos los involucrados hasta "las ´´ultimas consecuencias".

"El espionaje interno y las operaciones de inteligencia a ciudadanos y dirigentes políticos están prohibidos por ley y constituyen un muy grave atropello a la integridad personal, contraria a la vigencia de los derechos y a los valores de la democracia. La CGT denunciará siempre esas conductas, provengan de donde provengan, y reclamará una investigación seria y severas sanciones", afirmó.

Añadió que el fortalecimiento de las instituciones en democracia y el respeto a las garantías constitucionales "no es compatible con fuerzas de seguridad u organismos dependientes del Estado que impongan o pretendan imponer mecanismos de control social para perseguir o atentar contra la pluralidad de ideas, la diversidad política, el pensamiento crítico y la libertad de expresión", concluyó.

Fuente: Télam


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