El ajuste salarial es inconstitucional en Argentina

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Por: Carlos Cafure *



Frente a un contexto mundial extraordinario marcado por la pandemia de coronavirus, la clase política de nuestro país avala la aplicación de recortes salariales y haberes jubilatorios, sin considerar el brutal ajuste que desde hace años vienen sufriendo los bolsillos y que, inflación y devaluaciones mediante, han destruido el poder adquisitivo del Pueblo.

Frente a esta situación inaceptable y ante una CGT nacional que no ha defendido los intereses de los trabajadores y los jubilados en los últimos años, distintos abogados estudian minuciosamente cada caso por estos días, debido a la grave situación de incertidumbre y manifiesta desprotección que están advirtiendo sobre los derechos y las garantías previstas en las convenciones colectivas de trabajo, constituciones provinciales, leyes nacionales, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales que tutelan los derechos humanos de las personas.

En lo que refiere al ajuste de haberes de los trabajadores estatales, existe un importante antecedente: el fallo de la Corte Suprema de Justicia del mes de agosto de 2002, donde se estableció la inconstitucionalidad de las reducciones salariales para este sector. 

En su resolución, el máximo tribunal estableció que la quita del 13% en los salarios del sector público y de jubilados era inválida, y se debía restituir en forma retroactiva.

Entre sus fundamentos, la Corte dictaminó que la ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitas salariales desarticula todo el sistema del empleo público, pues el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento -de emergencia o sin ella- a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando los derechos constitucionales de la propiedad y los que tutelan la relación laboral. 

También agregó que las normas impugnadas carecían de razonabilidad y de proporcionalidad con el fin perseguido, pues alteraban la sustancia de los contratos de empleo público a la par que utilizaban la reducción salarial no como una alternativa de excepción sometida al control judicial, sino como una herramienta de política económica destinada a obtener, a partir de la afectación de créditos alimentarios, la reducción del gasto público y la estabilidad de las cuentas fiscales. 

Se recordó asimismo que si bien el Tribunal adimitió que frente a una situación de emergencia son aceptables remedios extraordinarios que aseguren la autodefensa de la comunidad, tales poderes que asisten al Estado democrático no son ilimitados ya que deben ser utilizados dentro del marco de razonabilidad que impone el artículo 28 de la Constitución Nacional.

La decisión de la Corte fue adoptada puntualmente en la demanda promovida ante la Justicia por Leónidas Tobar, quien accionó contra el Ejército para reclamar la restitución del 13% de su salario, reducido por una medida del Gobierno.

Dicha rebaja en las remuneraciones de empleados públicos y en los haberes previsionales a partir de los 500 pesos fue dispuesta en julio de 2001 en el marco del programa de "déficit cero" que impuso el entonces presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, por iniciativa de Domingo Cavallo, que era ministro de Economía.

Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha dicho en forma reiterada que no puede haber un derecho adquirido a una determinada modalidad salarial, ello así siempre que las modalidades que se introduzcan en el futuro no importen alteraciones irrazonables en su composición, "no lo disminuyan, ni impliquen la desjerarquización frente al nivel alcanzado". (C.S. F-532 XXII octubre 2 de 1990 E.D. 24-5-91 fallo Nº 1184, pág. 11).


Otro antecedente judicial

En diciembre del año 1996, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que redujeron los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, al modificarse el régimen de asignaciones familiares.

La decisión se produjo a través de la sala VI en una acción de amparo iniciada por un trabajador llamado Juan Carlos Adamini, patrocinado por la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles. 


Ajuste e ilegalidad

Se debe tener en especial consideración que las normas que tienden a reducir salarios, vulneran innumerables marcos legales vigentes en la República Argentina.

Uno de ellos es la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis cita que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea."

Es importante resaltar que, en relación a la retribución justa, rige el principio de progresividad en materia laboral. Esto significa que los derechos laborales en Argentina deben ampliarse, pero bajo ningún concepto restringirse, limitarse o suprimirse.

El ajuste de haberes también vulnera el derecho a la protección integral de la familia debido a que se afecta el salario del activo, el cual muchas veces es el único sostén del núcleo familiar, recordando que la remuneración tiene carácter alimentario.

Otro artículo vulnerado por el ajuste de sueldos es el número 17 de la Constitución Nacional, que establece: "La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley (...)"

La inviolabilidad de la propiedad establece que ni el Estado ni los particulares pueden dañarla, turbarla o desconocerla. Esta garantía comprende el derecho de usar y disponer de la propiedad, siendo el salario amparado por este derecho. La única excepción que contempla nuestra Constitución Nacional al principio de inviolabilidad de la propiedad, es solamente la expropiación por causa de utilidad pública declarada por ley del Congreso. 

Por otra parte, las leyes provinciales u ordenanzas municipales de reducción salarial, desnaturalizan y alteran sustancialmente la protección acordada al trabajo, al salario, al derecho de los gremios a negociar colectivamente, etcétera. Vale recordar en ese sentido, que el artículo 28 de la Constitución Nacional cita: "Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio".

El artículo 31 de la Constitución Nacional también es quebrantado mediante los ajustes implementados por las autoridades provinciales y municipales. Dicha norma establece: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan (...)".

Por último, hay que destacar que la reducción salarial provoca también la vulneración importantes disposiciones de tratados internacionales, como la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados -ratificado por nuestro país- (Art. 26 y Art. 27), la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU: Art. 17, Art. 23  y Art. 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Art. XIV y Art. XXIII), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica: Art. 21 y Art. 26) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 11).

*Abogado laboralista


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