Uber y otras apps ponen en riesgo al sistema de transporte

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Por: Carlos Cafure *

Foto: AgenciaUno

Desde hace varios años se viene instalando en distintos puntos de la República Argentina una nueva forma de flexibilización laboral que afecta gravemente la actividad que llevan adelante taxis y remises. 

La misma consiste en la prestación de un servicio ilegal de transporte automotor de personas que se publicita y/o contrata por medio de programas electrónicos, sistemas informáticos, redes sociales y aplicaciones para teléfonos móviles y tabletas electrónicas, por fuera del marco legal para taxis y remises. 

Se trata, en su mayoría, de empresas multinacionales extranjeras como Uber, Cabify, entre otras, que desembarcan en aquellos territorios donde los estados no protegen los derechos de los trabajadores locales. Dicha situación es inconcebible ya que los Municipios y sus respectivos parlamentos deben preservar sin matices la actividad de los taxis y remises.  

Es necesario señalar que quienes ejercen el transporte automotor de pasajeros por fuera de la ley, sin habilitación municipal publicitándose por medio de sistemas electrónicos, generan una clara competencia desleal en relación al taxi y al remis. Ello debido a que no invierten, no trabajan dentro del marco legal vigente para la actividad, no se ajustan a cronogramas de circulación que garanticen el servicios -las 24 horas del día, los 365 días del año incluyendo sábados, domingos y feriados-, no cuentan con equipos de radio, GPS, botón anti pánico, ni inspecciones municipales, evaden impuestos y protagonizan enormes hechos de inseguridad en todo el mundo. En fin, ponen en riesgo el propio sistema y fundamentalmente a miles de fuentes de trabajo, lo que es inadmisible e inaceptable. 

Tampoco se sabe si las aplicaciones cuentan con seguros que cubran los riesgos de las personas transportadas, por lo cual los conductores ni las plataformas electrónicas se responsabilizan solidariamente por los daños que ocasionen durante la prestación de este servicio ilegal a usuarios o terceros.

Por todo lo mencionado, los trabajadores de la provincia de Córdoba exhortamos y reclamamos a quienes legislan en los Concejos Deliberantes y a quienes gobiernan en los respectivos Ejecutivos municipales, que hagan cumplir la ley y que avancen en todas las medidas que sean necesarias  para defender el trabajo local. Pues, en definitiva, para eso son los representantes del pueblo, y es el mismo pueblo quien paga sus salarios.

*Abogado laboralista


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