El SURRBAC decretó el estado de alerta y movilización tras la orden de detención contra Saillen

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"Esto no es más que una gran operación para castigar el protagonismo del movimiento obrero cordobés", aseguraron.

Foto: Diario Sindical (archivo)

El Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (SURRBAC) se declaró en estado de alerta y movilización, luego de que la Justicia Federal ordenara la detención y allanara los domicilios de los dirigentes Mauricio Saillen -titular del gremio y de la CGT Rodríguez Peña- y Pascual Catrambone.

Desde la organización afirmaron que la decisión judicial obedece a "una gran operación para castigar el protagonismo del movimiento obrero cordobés en el enfrentamiento a las políticas de hambre de este gobierno y en la campaña electoral que terminará desplazando a Macri y sus socios".

Cabe marcar que el gremio y sus dirigentes son activos militantes del Frente de Todos (FDT), tanto el orden nacional como provincial, y férreos opositores al Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, Franco Saillen, vocal de la organización, es candidato a diputado nacional por el FDT.

"No hay un solo elemento que justifique semejante atropello, están queriendo quebrar la fuerza mostrada por los trabajadores y sus dirigentes", manifestaron desde el SURRBAC.

Y agregaron: "Ante esta burda operación, la comisión directiva ha decidido declarar el estado de alerta y movilización en toda la provincia, para manifestar el respaldo a nuestros dirigentes y el rechazo a este ataque de sectores a los que les duele que los trabajadores y trabajadoras tengan derechos y que estos sean ejercidos".

Desde el gremio no descartan la profundización de las medidas de fuerza y hasta podrían decretar un paro provincial con movilización.


La causa

Esta mañana, la Justicia Federal allanó la sede de la obra social del SURRBAC así como los domicilios de Saillen y Catrambone, principales dirigentes del gremio.

La acción, que fue solicitada por el fiscal Enrique Senestrari y ordenada por el juez Ricardo Bustos Fierro, también incluyó una orden de detención contra los sindicalistas por supuestos delitos de lavado de activos y asociación ilícita.


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