¿Qué esperan los gobiernos para garantizar el derecho a la vivienda de los trabajadores?

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Por Carlos Cafure (abogado laboralista).

Foto: Sin Mordaza

El acceso a la vivienda es un derecho constitucional que también se encuentra consagrado en diversas normativas de rango internacional. Sin embargo, los gobiernos poco hacen en ese sentido.

Genera profunda decepción ver la inacción de dirigentes políticos oficialistas y opositores que continúan sin implementar iniciativas tendientes a solucionar los problemas reales que tenemos los trabajadores. No existen verdaderas políticas de estado que permitan al trabajador acceder a la vivienda familiar, y en consecuencia la clase obrera argentina se convierte en una fábrica de inquilinos.

Las líneas de créditos hipotecarios para la vivienda que ofrecen los bancos estatales como privados son absurdas, ya que los mecanismos de acceso son extremadamente burocáticos y los requisitos son muy difíciles de cumplir. Ello provoca que solo un minúsculo número de personas pueda tomar el camino trazado por las entidades de crédito.

La realidad es simple: los trabajadores queremos pagar nuestra casa y no podemos hacerlo porque las políticas de quienes gobiernan lo impiden.

En un país con tantas riquezas y posibilidades de vivir con dignidad, parece que trabajar es considerado un castigo. No se entiende por qué los trabajadores no tenemos acceso a la vivienda ni tampoco por qué nos confiscan nuestros salarios con el nefasto impuesto a las Ganancias. Menos aún se comprende por qué nos reprimen cuando ejercemos nuestro derecho a huelga como ha pasado en muchas oportunidades.

¿Cuál es el destino de nuestros impuestos y dónde son asignadas las sumas multimillonarias que se descuentan por Ganancias?, ¿por qué dichos fondos no retornan a los trabajadores argentinos en forma de planes de viviendas populares? La dirigencia política argentina sigue sin dar respuestas ni garantizar muchos de nuestros derechos constitucionales.


Normativas 

El derecho al acceso a la vivienda se encuentra consagrado en la Constitución de la Provincia de Córdoba -artículo 58- y también en la Constitución de la Nación -artículo 14 bis in fine-. 

Asimismo existen normativas de rango internacional que también protegen tal derecho. Entre ellas se destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos -artículo 25 inciso uno- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -artículo 11-, la Convención sobre los Derechos del Niño -artículo 27 inciso tres-, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -artículo 14 inciso h-, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial -artículo 5 inciso c-, el Programa de Hábitat (Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos) -párrafo 61-, entre otras.



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