Ganancias: un injusto impuesto para trabajadores y jubilados

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La dirigencia sindical argentina no debería continuar pidiendo la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, porque de esa manera solo abona la idea de que el trabajo y la jubilación son ganancia.

Foto: Clarín

Por: Carlos Cafure (abogado laboralista)

Si consideramos que el sueldo o haber jubilatorio es la remuneración que un trabajador o ex trabajador percibe de manera periódica, y que la ganancia es la riqueza que una o distintas partes obtienen como producto de una transacción o proceso económico, claramente podremos entender que los conceptos desarrollados inicialmente no se relacionan en absoluto con el último.

El sueldo y el haber jubilatorio permiten a las personas y sus familias subsistir; es decir acceder a alimentos y bebidas, indumentaria y calzado, vivienda, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte, comunicaciones, esparcimiento, enseñanza, bienes y servicios varios.

No debemos olvidar tampoco que el sueldo y la jubilación tienen carácter alimentario, por lo que bajo ningún concepto pueden recaer en la categoría imponible de ningún tributo. Por tal motivo, el impuesto a las ganancias atenta claramente contra la supervivencia del propio trabajador o pasivo.. 

En el caso de los pasivos, existe un agravante aún mayor: se retienen fondos que fueron aportados a una caja durante muchos años para subsistir al momento del retiro, ya sea por ley o por alguna incapacidad. En la práctica se cobra dos veces, al ser activo y nuevamente al ser pasivo. Esto no resiste análisis alguno ya que el trabajador y el jubilado no tienen ganancias, mientras que las empresas sí.

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Tan incoherente es la aplicación de Ganancias al trabajador, que hasta la propia Constitución de la Nación Argentina, en su artículo 14 bis, sostiene que uno de los derechos que posee el trabajador es participar en las ganancias de las empresas. Es decir que se reconoce como ganancias a los flujos generados por las empresas y no por los trabajadores. 

La aplicación del mencionado tributo contradice disposiciones constitucionales tales como retribución justa, la protección integral de la familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. También atenta contra el derecho a la propiedad que, según el artículo 17 es inviolable. "Ningún habitante puede ser privado de ella sino en virtud de, sino en virtud de sentencia fundada en ley", agrega la Constitución.

Actualmente, la clase trabajadora tiene sobre sus espaldas una pesada mochila que es la carga impositiva que se debe sostener. Ejemplo de ello son ganancias, IVA y hasta la propia inflación. Todo ello afecta el principio de capacidad contributiva, entendida ésta como la aptitud económica de pago. Si el tributo va más allá de esta medida, el mismo pierde su naturaleza y se convierte en un despojo. 

Así el Estado termina cobrando impuestos en donde no hay capacidad contributiva, como principio de justicia sustancial, lo que torna a ese tributo como inconstitucional conforme la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación (“Fallos” 312:2467, sent. 19/12/89, “Navarro Viola” y “Fallos” 319:1725, sent. 27/8/96, “San Telmo”). 

Cabe aclarar que el principio de capacidad contributiva no solo exige que la norma nazca legítima ab initio, sino también que la misma sea constantemente adaptada a las diversas condiciones económicas y sociales. 

Por todo lo hasta aquí expuesto, es necesario que el Congreso Nacional derogue la categoría cuarta de la ley del Impuesto a las Ganancias y disponga una verdadera reforma de la ley tributaria argentina; o bien intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ya sea por pedidos individuales o colectivos), a los fines de que se declare inconstitucional la aplicación de este impuesto a los activos y pasivos argentinos. 

Es necesario aclarar que la clase trabajadora y los pasivos no están en contra del tributo. Se entiende que el mismo debe existir, pero solo lo deben pagar quienes sí generan ganancias. De esa manera el Gobierno podría recaudar adecuadamente con razonabilidad, utilizando un verdadero criterio nacional y popular.


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