Muratore: “Hay una política destinada a hacer callar y obedecer a la población pobre"

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El  titular de la CTA Autónoma de San Francisco se refirió al proyecto oficial que busca bajar la edad de imputabilidad, y opinó sobre el desembarco de fuerzas federales en la ciudad del este cordobés.



Antonio Muratore, secretario general de la CTA Autónoma Regional San Francisco, cuestionó la iniciativa de Cambiemos que busca bajar a 15 años la edad de imputabilidad, y condenó la presencia de Gendarmería Nacional y Policía Federal en la ciudad.

El gremialista afirmó que “no se trata de errores o excesos, ni de la herencia de la dictadura, sino de una política destinada a hacer ‘callar y obedecer’". 

"Gatillo fácil, tortura y detención arbitraria forman parte de un combo de una política del llamado Estado democrático destinada al control de la población pobre”, señaló el gremialista en una entrevista divulgada por el sitio oficial de la CTA Autónoma de Córdoba.

El también titular del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN)  de San Francisco afirmó que el debate por la baja de imputabilidad utiliza a los menores como “chivo expiatorio” en un año electoral, para desviar la mirada de otras situaciones en las que las y los niños y jóvenes son las principales víctimas. 

"En 2018 aumentó la pobreza, la desocupación y se han llevado a cabo ajustes en ministerios como el de Educación. Ante esto, lo que el Estado tiene que hacer es extender las políticas de protección de derechos y no las de criminalización sobre la infancia y la juventud que no son el verdadero problema”, destacó el dirigente.

Y añadió: “Los preocupantes indicadores de 2018 dan cuenta que un 48% de los niños y adolescentes se encuentran bajo la línea de la pobreza, es decir uno de cada dos son pobres y los adultos son los que cometen el 96,5% de los delitos en nuestro país. ¿Por qué entonces empecinarse en bajar la edad de imputabilidad?”.

Muratore opinó que la situación de las y los niños y jóvenes involucrados en situaciones delictivas debe ser abordada por fuera del sistema penal. "Un niño también tiene derecho a no verse involucrado en situaciones delictivas”, subrayó.


La situación en San Francisco

La máxima autoridad de la CTA Autónoma de San Francisco condenó, además, el desembarco de fuerzas nacionales en dicha ciudad.

“A San Francisco llegó primero la Gendarmería y ahora la Policía Federal. El Gobierno de turno a cargo de Ignacio García Aresca, delfín del flamante precandidato a intendente de Córdoba, Martín Llaryora, no escatimó esfuerzos (en gestiones y dinero) para que las dos fuerzas federales se establezcan en la ciudad y para ello ambos recurrieron a los empresarios que integran la directiva del Parque Industrial y al Obispado, respectivamente, que ‘cedieron’ los espacios físicos para sus radicaciones”, manifestó.

En base a declaraciones de autoridades locales, Muratore denunció que para sostener la llegada de Gendarmería, la Municipalidad de San Francisco tuvo que "hacer un esfuerzo con una inversión de más de 600 mil pesos". En tanto que en el caso de la Policía Federal, la Casa Diocesana perteneciente al Obispado de San Francisco fue "entregada" en alquiler a la Municipalidad por 47.500 pesos por mes en el primer año y 60 mil en el segundo.

“El discurso dominante pide a gritos mayor presencia policial y de las fuerzas de seguridad para contener -según ellos- la creciente violencia que recrudece desde las barriadas pobres y el proyecto de criminalizar a los menores desde los 15 años gana adeptos en nuestra comunidad, aunque también existen organizaciones como nuestra CTA Autónoma que una vez más se muestra junto a otras organizaciones libres del pueblo militando por el ‘No a la Baja’, buscando poner freno a tan irracional iniciativa”, concluyó el sindicalista.


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