SUVICO apuntó contra las empresas no registradas

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Desde el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas de Córdoba -SUVICO- afirmaron que existen empresas de seguridad que prestan servicios en barrios cerrados sin estar registradas.

Foto: SUTCA

Luego de lo que fueron los robos suscitados en los barrios Quintas de Italia y San Isidro de Villa Allende durante los últimos días, el SUVICO denunció irregularidades que conspiran contra la seguridad en dichos lugares.

Al ser consultado en el programa El Show de la Mañana que se emite por canal 12, el secretario general del gremio, Gustavo Pedrocca, aseguró que existen firmas que no se encuentran habilitadas para prestar servicio.

"Hace unos días, la Gerencia de Prestadores de Seguridad y nuestro gremio realizó una inspección en Quintas de Italia y detectamos una empresa que no pertenecía al padrón de empresas de seguridad con trabajadores habilitados", describió el dirigente.

Esta situación irregular fue catalogada como "compleja" por parte de Pedrocca, quien manifestó que dichas irregularidades no solo afectan a quienes viven en barrios privados sino también a las y los trabajadores que allí se desempeñan.

Además, el secretario general del SUVICO señaló que algunas empresas habilitadas tampoco cumplen con las normas establecidas.

"Las auditorías nos marcan que en lugares donde debe haber doce guardias, estamos trabajando con seis. Y donde tiene que haber quince trabajadores, se está prestando servicio con diez. En algunos barrios semiabiertos hay solo dos guardias, lo que no solo vuelve vulnerable al perímetro sino también a cada domicilio", destacó.

En relación al último robo registrado en barrio San Isidro de Villa Allende, Pedrocca advirtió que las cámaras de seguridad no detectaron ilícitos, y que los perímetros no fueron vulnerados. "Nosotros asistimos y creemos que el problema provino de adentro. Muchas veces se roban entre los vecinos y a eso nadie lo dice", enfatizó.

Por último, el dirigente sindical pidió que la Justicia investigue de oficio las relaciones fraudulentas que existen entre las administraciones de los barrios cerrados y las empresas privadas de seguridad.

"Sería bueno que un fiscal tome conocimiento y empiece a investigar a las administraciones y sus vínculos con empresas de seguridad. Ahí se van a dar cuenta que la cantidad de horas prestadas no reflejan lo que se está pagando. No solo estafan a los vecinos sino que ponen en riesgo a los trabajadores y a todas las familias de los barrios privados", finalizó.


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